El Derecho contencioso administrativo es aquel que se orienta a las áreas administrativas, específicamente incluye todas las normas que han sido estipuladas para regular las actividades que se realizan en la Administración Pública, en control legal de todos los procesos relacionadas a esa área. También se enfoca en tomar en cuenta los capitales de los administrados en caso de que se tomen medidas administrativas injustas.
Cada país tiene sus reglas en cuanto a las regulaciones administrativas. En España, el Derecho contencioso administrativo se corresponde con una sección de la intendencia de justicia. Dentro de este tipo de Derecho, el Estado se representa por la autoridad en materias administrativas, así como también en las relaciones que tiene con los particulares, dentro de las cuales se pueden realizar dos clases de actos:
Los Actos de Autoridad: se ejecutan por el Estado, de manera mandataria, es decir, ordenando, aprobando o prohibiendo. En este caso, la autoridad debe apegarse a las leyes, de lo contrario, estará incurriendo en violaciones a los derechos civiles o políticos de las personas naturales o jurídicas, lo cual haría de su acto, uno ilegal. En consecuencia, se podrán presentar reclamos y procedimientos legales en su contra.
Los Actos de Gestión: son los que se llevan a cabo teniendo al Estado en un rol de persona jurídica, creando convenios o realizando contratos. En este caso, el Estado debe atenerse a lo estipulado dentro del poder judicial, de la misma manera que los particulares.
Un reclamo que se formule de parte de un particular, en el poder judicial, y denunciando actos abusivos por parte de la autoridad administrativa, es lo que recibe el nombre de contencioso administrativo. Por lo tanto, el Derecho contencioso administrativo hace referencia a los asuntos que se presenten entre los particulares y el Estado, ya que este representa a la autoridad administrativa.
